dPosta – El escenario sanitario y económico de la Argentina se encuentra hoy en el centro de un intenso debate tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar en una profunda desregulación del régimen de propiedad intelectual para el sector químico-farmacéutico. La medida, impulsada por la Secretaría de Desregulación y Transformación del Estado, busca eliminar lo que el oficialismo denomina “trabas burocráticas” para el otorgamiento de patentes, una iniciativa que ha despertado tanto entusiasmo en laboratorios internacionales como una alarma encendida en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Desde el Poder Ejecutivo Nacional, el secretario Alejandro Cacace defendió la reforma asegurando que el nuevo esquema no solo es necesario para “integrarse al mundo”, sino que garantiza que ningún medicamento actualmente en el mercado será retirado ni sufrirá aumentos de precio por esta causa. Según el funcionario, la derogación de la normativa vigente desde 2012 elimina restricciones que, en la práctica, generaban una altísima tasa de rechazo para las nuevas patentes.
“Es un incentivo de acá para adelante”, sostuvo Cacace, remarcando que el objetivo es que las nuevas drogas lleguen más rápido al país y se fomente la investigación clínica, citando como primer logro el anuncio de un centro global de investigaciones de Pfizer en territorio argentino.
El núcleo de la reforma oficial reside en la flexibilización del examen de patentes ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), alineando a la Argentina con estándares internacionales y compromisos comerciales, especialmente con Estados Unidos. Para el Gobierno, reconocer la “renta de la innovación” es el único camino para revertir la subinversión y asegurar que los pacientes locales accedan a las terapias más modernas disponibles en los mercados desarrollados. Además, se incluyó una cláusula de no retroactividad para llevar tranquilidad: los productos que ya se comercializan no podrán ser objeto de reclamos económicos ni exclusión.
Cuestionamiento
Sin embargo, esta visión de “progreso e innovación” choca frontalmente con la advertencia del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El funcionario provincial denunció que la desregulación podría ser una trampa para el sistema de salud público y privado. Según Kreplak, flexibilizar los criterios de patentamiento permite que las grandes farmacéuticas realicen “cambios mínimos” en drogas ya existentes para extender la vigencia de sus patentes, una práctica conocida en la industria como evergreening. Esto, advirtió, permitiría a los laboratorios sostener precios elevados por más tiempo y evitar la competencia de los medicamentos genéricos, que son los que habitualmente equilibran los costos del sistema.
“Esta medida rompe el sistema de salud de todo el país”, lanzó Kreplak, apuntando que el encarecimiento de los tratamientos pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
Desde la Provincia de Buenos Aires sostienen que, lejos de favorecer al pueblo, la normativa beneficia a “monopolios extranjeros y amigos multimillonarios” del poder. La preocupación radica en que, al quedarse solas en el mercado mediante la extensión de privilegios legales, las empresas tendrían vía libre para fijar valores que el presupuesto sanitario difícilmente pueda absorber.
Debate
Mientras el Gobierno nacional enmarca esta reforma dentro de una agenda de 15.000 normas ya modificadas para desburocratizar la economía, el sistema sanitario observa con cautela. La pregunta que queda flotando es si esta apertura atraerá efectivamente inversiones que mejoren la salud pública o si, por el contrario, consolidará una estructura de costos que termine alejando los medicamentos esenciales del alcance de la ciudadanía. Por ahora, la batalla entre la “libertad de mercado” y la “protección del acceso a la salud” parece haber encontrado en las patentes farmacéuticas su campo de combate más crítico.