dPosta – El juez federal N° 2 de Tucumán, Guillermo Díaz Martínez, resolvió ampliar el procesamiento —sin prisión preventiva— de la influencer Valentina Olguín, investigada por una serie de maniobras de contrabando simulado mediante el uso indebido de identidades de funcionarios públicos.
Entre los casos incorporados a la causa figura la utilización de datos personales del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien aparece como supuesto destinatario de envíos internacionales que en realidad habrían sido recibidos por la acusada. La operatoria también involucró a los mandatarios Axel Kicillof y Rogelio Frigerio.
De acuerdo a la investigación, Olguín habría simulado compras en el exterior utilizando CUIT ajenos para sortear las restricciones del régimen de importaciones por courier. Las prendas —en su mayoría de la firma estadounidense Revolve— eran enviadas a su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
El expediente, impulsado por el fiscal federal Agustín Chit, reúne pruebas técnicas que vinculan a la imputada con las operaciones, incluyendo peritajes sobre dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones y registros de antenas telefónicas que coinciden con la recepción de los paquetes.
Además, el seguimiento de envíos realizados por la empresa FedEx permitió reconstruir el circuito de las compras y confirmar que los productos terminaban en poder de la influencer. Durante un allanamiento en su vivienda se secuestraron facturas a nombre de los gobernadores, dinero en efectivo y gran cantidad de indumentaria sin uso.
El fallo también desestimó los argumentos de la defensa, que planteaban que los datos utilizados habrían sido obtenidos de forma aleatoria en internet. Para la Justicia, la reiteración de las maniobras y el perfil de las personas involucradas descartan esa hipótesis.
En este contexto, se dispuso ampliar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta alcanzar los 15 millones de pesos, en función de la cantidad de hechos investigados y la gravedad de la conducta.
La causa se inició a partir de la denuncia presentada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien detectó el uso indebido de su CUIT en operaciones de compra en el exterior. A partir de allí, la fiscalía avanzó en una investigación que ahora suma nuevos casos y mantiene abierta la posibilidad de más imputaciones bajo la figura de contrabando simulado, delito que prevé penas de entre 2 y 8 años de prisión.
(Con información de La Voz)