dPosta – La figura de Manuel Adorni, el vocero convertido en jefe de Gabinete que construyó su perfil público sobre la base de una crítica feroz a los privilegios de la política, atraviesa hoy su momento de mayor opacidad. Aquel discurso de austeridad y transparencia parece haberse desmoronado ante la acumulación de causas judiciales que exponen un entramado de contratos millonarios, conflictos de intereses y favores de empresarios vinculados al Estado. La última de estas presentaciones, radicada por la diputada Marcela Pagano, pone el foco en un negocio de escalas multimillonarias: la concesión del predio de Tecnópolis y licitaciones de comunicación bajo sospecha.
El “negociado” de Tecnópolis y el factor familiar
La denuncia de Pagano es demoledora en términos de cifras y conexiones. El escrito judicial pone la lupa sobre el proceso de concesión de Tecnópolis para el período 2025-2026, una operación estimada en más de $183.300 millones. Lo que agrava la situación es la presunta participación de la esposa de Adorni, Bettina Julieta Angeletti, a través de su consultora “+Be”.
Según la presentación, existiría una relación directa entre la firma de Angeletti y el “Grupo Foggia”, una de las empresas preseleccionadas para quedarse con la explotación del predio junto a DirecTV Argentina. El conflicto de interés resulta evidente: mientras el jefe de Gabinete gestiona los bienes del Estado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), su entorno familiar más íntimo mantendría vínculos comerciales con quienes pretenden concesionar esos mismos activos.
Los delitos que se investigan bajo este paraguas incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y fraude a la administración pública.
A este escándalo se suma una segunda línea de investigación dentro de la Secretaría de Comunicación y Medios. Se trata de una licitación adjudicada a la empresa ATX S.A. por un monto superior a los $3.650 millones para servicios de mensajería masiva (SMS, correos y llamadas). La denuncia advierte sobre una “simulación de competencia”, dado que las empresas participantes (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) compartirían vínculos societarios.
De confirmarse, estaríamos ante un esquema diseñado para direccionar fondos públicos hacia un mismo holding, eludiendo los principios básicos de transparencia que el propio Adorni suele declamar en sus conferencias de prensa.
El vuelo del “descanso”: favores y aviones privados
Mientras la causa por Tecnópolis avanza en los escritorios de Comodoro Py, otro frente judicial mantiene a Adorni contra las cuerdas: el polémico viaje familiar a Uruguay durante el feriado de carnaval. Lo que en principio se presentó como un descanso privado terminó revelando un posible caso de dádivas o financiamiento irregular.
La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, confirmó que el tramo de ida en un avión privado Honda Jet tuvo un costo de 6,9 millones de pesos (unos 4.830 dólares). El dato escandaloso es quién pagó la factura: la productora “Imhouse S.A.”, propiedad del periodista Marcelo Grandio. Grandio no es solo un “amigo” de Adorni; es un contratista del Estado que ha tenido programas en la Televisión Pública como “Giros en línea recta” y “Gritalo Mundial”.
Aunque Grandio intentó ensayar una defensa pública alegando que Adorni “pagó su parte”, las facturas entregadas por la empresa Alpha Centauri S.A. contradicen esta versión, mostrando que fue su productora la que absorbió el gasto inicial del vuelo donde viajaron el funcionario, su esposa y sus hijos.
El fiscal Pollicita ya ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando y solicitó a la ANAC los planes de vuelo para determinar la trazabilidad del dinero. La sospecha es clara: un funcionario público aceptando viajes de lujo costeados por un empresario que recibe (o recibió) pauta y contratos de la señal estatal.
Un patrón de conducta
Estos hechos no son aislados. Se suman a la polémica por la contratación de su hermano, Francisco Adorni, en el Ministerio de Defensa con un sueldo de privilegio, y a la reciente mudanza del jefe de Gabinete a una exclusiva propiedad en un country, un salto patrimonial que para muchos resulta difícil de explicar bajo la lógica del “empleado público promedio”.
La denuncia de la diputada Pagano incluso llega a mencionar la posibilidad de una “asociación ilícita” y “enriquecimiento ilícito”. El escrito describe un entramado de relaciones incompatibles donde lo público y lo privado se confunden sistemáticamente.
Mientras el Gobierno nacional aplica un ajuste severo sobre las mayorías, los expedientes judiciales sugieren que, puertas adentro de la jefatura de Gabinete, la “casta” goza de una salud envidiable, alimentada por licitaciones sospechosas y favores de amigos con acceso a la caja del Estado.