dPosta – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha pasado de ser el vocero infalible del “ajuste a la casta” a convertirse en el protagonista de un expediente judicial que sacude las bases éticas del Gobierno de Javier Milei. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió este jueves una investigación formal para determinar si el funcionario incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público y otros posibles delitos tras la revelación de sus polémicos traslados aéreos a Nueva York y Punta del Este.
La mirada de la PIA, una dependencia de la Procuración General de la Nación conocida por su rigurosidad técnica, se posó sobre dos episodios específicos. El primero, el uso del avión presidencial para trasladar a su esposa, Bettina Angeletti, a la “Argentina Week” en Nueva York. El segundo, y quizás más comprometedor, un viaje en avión privado a Punta del Este para vacacionar, cuyo costo estimado de 10.000 dólares no guardaría correlación con sus ingresos declarados.
El escándalo por el viaje a la costa uruguaya escaló cuando su amigo, el periodista Marcelo Grandio, intentó defenderlo y terminó aportando datos confusos sobre quién pagó los pasajes, mencionando incluso el uso de “dinero del Estado”, antes de anunciar su renuncia a la TV Pública.
Ante la gravedad de los hechos probados y confesados, la orden desde la cúspide del poder fue clara: no entregar la cabeza del jefe de Gabinete. Karina Milei, la influyente Secretaria General de la Presidencia, activó un operativo de rescate político para evitar que el escándalo consuma a uno de sus laderos más leales. “Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad”, tuiteó la hermana presidencial, marcando el inicio de una procesión digital obligatoria para el resto de los ministros.
Incluso Santiago Caputo, responsable de la SIDE y quien mantiene una tensa relación de desconfianza con Adorni, se vio forzado a plegarse a la movida. En el entorno de “El Jefe” (Karina) sospechan que la difusión de los videos de Adorni en la pista de aterrizaje de Uruguay fue una falla —o una filtración— de la propia SIDE, a la que perciben como “descontrolada”. El respaldo público busca frenar una dinámica de desgaste que el Gobierno ya vivió con figuras como José Luis Espert, a quien inicialmente defendieron ante denuncias similares para terminar soltándole la mano cuando la presión judicial se volvió insostenible.
En medio de este blindaje político, Manuel Adorni ensayó una disculpa pública a través de sus redes sociales, aunque con un matiz que llamó la atención de propios y extraños. El funcionario no pidió perdón por haber subido a su esposa al avión oficial ni por los interrogantes sobre el financiamiento de sus vacaciones de lujo. Su arrepentimiento se centró exclusivamente en una palabra utilizada durante una entrevista periodística: “deslomarse”.
“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó Adorni, intentando desviar el foco de la investigación patrimonial hacia una cuestión puramente semántica. El jefe de Gabinete argumentó que su intención es contar el esfuerzo que realiza el Gobierno para cambiar el país y agradeció el apoyo “incondicional” de Milei.
Sin embargo, detrás de las disculpas gramaticales, la Justicia busca determinar si el delito de dádivas se configura en la relación con Grandio —a quien Adorni contrató para medios públicos— y si el patrimonio del funcionario puede explicar el nivel de vida exhibido en sus últimos vuelos.
Por ahora, el Gobierno ha decidido apostar al manual libertario clásico: denunciar una “operación mediática” y abroquelar al gabinete. Pero con la PIA solicitando informes y los videos de los vuelos privados y memes que ridiculizan el discurso anticasta del Gobierno circulando sin pausa, el margen de maniobra del jefe de Gabinete parece reducirse al mismo ritmo que la credibilidad de sus explicaciones.