dPosta – La ciudad de 25 de Mayo y la provincia de La Pampa se vieron sacudidas este viernes por la detención de David Bravo, quien fuera intendente de la localidad, apenas horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara sus últimos recursos legales. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Rosa procedió con celeridad, firmando la orden de captura que pone fin a un proceso judicial de más de trece años. Bravo fue arrestado y alojado provisoriamente en una dependencia policial cercana a la capital provincial, a la espera de un cupo en una unidad penitenciaria federal.
Dado su estatus de exfuncionario público, las autoridades han dispuesto que permanezca bajo un régimen de seguridad especial, separado de la población carcelaria común para garantizar su integridad.
El caso que llevó a Bravo tras las rejas se remonta al 13 de diciembre de 2011. En aquella jornada, una llamada desesperada a la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones cambió el rumbo de la política local. Una joven de nacionalidad dominicana denunció haber escapado de un prostíbulo en 25 de Mayo, describiendo una red de explotación que funcionaba bajo los nombres “Venus” y “Karibian”. La investigación posterior demostró que Bravo, abusando de su poder político, actuó como partícipe necesario al facilitar la habilitación de estos locales, donde se explotaba la vulnerabilidad de mujeres mayores de edad con fines de lucro sexual. Por esta misma causa, ya había sido condenada Nurys Caraballo Castillo, la regente de los locales, mientras que un comisario acusado de encubrimiento resultó absuelto en instancias previas.
Antes de ser capturado, Bravo utilizó sus redes sociales para emitir un descargo cargado de tintes políticos. En una extensa carta dirigida a los vecinos de 25 de Mayo, el exintendente se declaró víctima de una “persecución política prolongada, injusta y desgastante” cuyo único objetivo, según sus palabras, era apartarlo de la vida pública. “Esto no es un final, es una etapa más de una lucha que voy a seguir dando con la misma convicción de siempre”, afirmó, intentando sostener una imagen de dignidad ante sus seguidores. A pesar de sus argumentos sobre “cuestiones procesales pendientes”, la realidad jurídica se impuso: la sentencia es de cumplimiento efectivo al superar los tres años de prisión.
La detención de Bravo marca un precedente fundamental en la lucha contra la trata de personas en la región, subrayando la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que, mediante la acción o la omisión deliberada, permiten el funcionamiento de esquemas de explotación sexual.