dPosta – La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso un cierre definitivo a uno de los casos de corrupción y complicidad institucional más resonantes de La Pampa. Al declarar inadmisible el último recurso de queja presentado por la defensa, el máximo tribunal dejó firme la condena a cinco años de prisión para David Bravo, exintendente de 25 de Mayo, por su participación necesaria en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
Con este fallo, la sentencia dictada originalmente por el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa y ratificada por Casación adquiere firmeza, dejando al exjefe comunal a un paso de la detención efectiva.
La investigación judicial desnudó una estructura de protección oficial que permitía el funcionamiento de los locales “Venus” y “Karibian”. Lo más comprometedor para Bravo fue la contradicción administrativa: el intendente había firmado en septiembre de 2010 una ordenanza que prohibía explícitamente la habilitación de cabarets y whiskerías en el distrito para combatir la trata. Sin embargo, poco tiempo después, rubricó personalmente los permisos para que estos locales operaran, violando su propia normativa y la Ley Nacional de Profilaxis.
El caso salió a la luz en diciembre de 2011, cuando una joven de nacionalidad dominicana logró escapar de su cautiverio y denunciar el horror ante la Dirección Nacional de Migraciones. Su testimonio fue estremecedor: relató maltratos constantes, amenazas y un sistema de vigilancia que les impedía la libertad de movimiento. “No acudí a la policía porque sabían todo”, declaró la víctima, quien además aseguró que cuando el intendente visitaba el lugar, recibía dinero a cambio de su silencio y la firma de actas.
Durante los allanamientos se rescató a diez mujeres que vivían en condiciones de hacinamiento. La justicia probó que Bravo no solo fue negligente, sino un facilitador indispensable para que el delito ocurriera bajo una fachada de legalidad municipal. Mientras que la regente de los locales también fue condenada, el fallo actual centra la mirada sobre la responsabilidad política y penal de los funcionarios en territorio pampeano. Ahora, el Tribunal Oral Federal deberá ejecutar la pena, lo que implicaría el inminente ingreso de Bravo a una unidad penitenciaria.