dPosta – Lo que para el Gobierno Nacional y la provincia de Mendoza se presenta como una “devolución de federalismo” y una “oportunidad de inversión”, para el territorio pampeano representa una amenaza ambiental con gravísimas consecuencias. La posible reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) ha unificado a organizaciones civiles y representantes políticos en un reclamo urgente: la defensa de las fuentes de agua que garantizan la vida a gran parte de la población pampeana.
La Fundación Chadileuvú (FuChad), voz histórica en la defensa de los ríos de la provincia, lanzó aya a findes de 2025 una advertencia lapidaria bajo el título “Nuevo peligro sobre el río Colorado”. Según la entidad, la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei, en sintonía con las pretensiones del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, busca desmantelar la protección actual para abrir paso a la explotación minera a gran escala en zonas sensibles.
El eje del conflicto se sitúa en el departamento de Malargüe, en el sur de Mendoza. Allí se encuentra la naciente del río Grande, el principal afluente del Colorado. “Dicho río nace en los glaciares de alta montaña, a 3.500 metros, en Valle Hermoso. El Grande aporta nada menos que el 66% del agua del Colorado”, recordaron desde la FuChad. La preocupación no es teórica: la fundación denunció que en esa cuenca estratégica ya se planifican “decenas de exploraciones mineras en búsqueda de cobre y oro, entre otros metales”.
Para los pampeanos, el Colorado no es un río más; es, tras el corte del Atuel y la degradación del Salado-Chadileuvú, el único recurso hídrico superficial con caudal permanente del que depende el consumo humano de gran parte de la población y el riego de las zonas productivas. “La Pampa, sin el Colorado, corre el riesgo de ser una provincia inviable”, sentenciaron con crudeza desde la fundación.
El frente legislativo
En sintonía con este diagnóstico técnico, el senador nacional Daniel Bensusán lleva el reclamo al Congreso de la Nación. Para el legislador, la flexibilización de la norma nacional es un “boicot” directo a los intereses de su provincia. “Este proyecto puede traer consecuencias catastróficas para el ambiente y el desarrollo productivo regional. En especial para La Pampa”, afirmó Bensusán, quien subrayó que la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar es lo que garantiza la estabilidad de las cuencas interjurisdiccionales.
Bensusán cuestionó duramente la retórica del Gobierno Nacional sobre la autonomía provincial en materia de recursos. “Milei expresa: ‘qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar’. Pero el agua no reconoce límites políticos. Si Mendoza decide desproteger una zona para permitir la minería, el daño no se queda en su frontera; baja por el río Grande y destruye el Colorado, que compartimos cinco provincias”, explicó el senador.
El antecedente judicializado
La FuChad recordó que esta no es la primera vez que los intereses mineros intentan perforar la ley. En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya rechazó planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas como Barrick Gold y la provincia de San Juan. En aquel fallo histórico, el Máximo Tribunal consideró que no se había demostrado que la preservación de los glaciares generase un daño al derecho de explotación, priorizando la preservación del ecosistema por sobre el beneficio empresarial.
“La ley se hizo justamente para la protección de los glaciares que son la fuente de agua de los ríos cordilleranos”, recalcaron desde la entidad pampeana, criticando que el actual Ejecutivo Nacional pretenda ignorar estos precedentes bajo el pretexto de “aprovechar las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas”.
La inviabilidad como horizonte
El impacto de una eventual contaminación o disminución del caudal del Colorado sería sistémico. Desde el Acueducto del Río Colorado, que abastece de agua potable a la capital santarroseña y otras localidades, hasta las zonas de riego en 25 de Mayo, todo depende de la pureza de las nacientes en la cordillera.
“Las provincias que comparten el Colorado no podemos permanecer impasibles ante la maniobra que pondrá en peligro nuestras principales fuentes de agua para bebida y riego”, insistieron desde la FuChad. La organización exhortó al gobierno provincial y a todos los partidos políticos a movilizarse ante lo que consideran un ataque a la soberanía hídrica pampeana.
Por su parte, Bensusán reafirmó su postura de rechazo total en la Cámara Alta: “Como representante de La Pampa en este Senado no puedo permitir ni acompañar semejante boicot a nuestra provincia y a nuestra patria. No voy a ser cómplice del desmantelamiento ambiental”.
La conclusión de ambos sectores es unívoca: la reforma de la Ley de Glaciares no es un debate técnico-minero, sino una decisión política que pone en juego el futuro de La Pampa. La protección de los “reservorios de agua sólida” en las altas cumbres es, en definitiva, la única garantía de que el río Colorado siga fluyendo hacia las comunidades que dependen de él para seguir existiendo.