dPosta – Una niña de cinco años dio positivo de cocaína en un examen toxicológico. Lo que comenzó como un control médico de rutina en el Hospital Favaloro de Santa Rosa, terminó activando de urgencia los protocolos de protección de la niñez y una investigación judicial encabezada por el fiscal Cristian Casais.
La pequeña ingresó al centro de salud para la realización de análisis clínicos convencionales. Sin embargo, los resultados de la muestra de orina revelaron la presencia de la sustancia, obligando a los profesionales médicos a dar aviso inmediato a las autoridades. Actualmente, la menor permanece internada bajo observación; el parte médico indica que se encuentra estable, fuera de peligro inminente y bajo estricto seguimiento de los equipos de pediatría y toxicología.
La respuesta de la Justicia no se hizo esperar. Durante la jornada del sábado, efectivos policiales junto al personal del Laboratorio Forense concretaron un allanamiento en el domicilio donde reside la niña, ubicado en el Pasaje Silva, en el sector comprendido entre la calle Pestalozzi y las vías. En el operativo se secuestraron elementos y muestras ambientales para determinar si la intoxicación se produjo por una ingesta accidental debida a negligencia o por exposición en el entorno familiar.
En relación con las responsabilidades, el padre de la menor fue detenido preventivamente al iniciarse las actuaciones. No obstante, recuperó la libertad horas más tarde mientras se aguardan los resultados de las pericias en la vivienda.
Un antecedente
En agosto pasado, la ciudad vivió un caso similar con una beba de ocho meses que dio positivo de cocaína. La niña fue rescatada en la vía pública mientras estaba en brazos de su padre, quien se encontraba alterado, motivando la intervención de la fiscal Cecilia Martiní y organismos de Niñez para ponerla a resguardo.
La recurrencia de estos episodios en Santa Rosa pone de manifiesto una realidad alarmante sobre la exposición de los más vulnerables a sustancias peligrosas en el ámbito privado, desafiando nuevamente la capacidad de respuesta de los organismos estatales ante la vulnerabilidad infantil.