dPosta – El Boletín Oficial de la Nación trajo esta semana una cifra que, para el habitante promedio de General Pico, podría ser apenas un dato macroeconómico, pero que para los pasillos de la justicia pampeana representa una luz al final de un túnel que ya lleva veinte años de oscuridad. La Decisión Administrativa 1/2026, firmada por la Jefatura de Gabinete, dispuso un incremento del 280% en el presupuesto del Poder Judicial asignado a “bienes de uso”. Traducido: casi 29 mil millones de pesos destinados exclusivamente a infraestructura y tecnología, bajo criterios de “distribución federal”.
Esta inyección de recursos reflota inevitablemente una pregunta que en el norte de La Pampa se ha vuelto retórica: ¿Será finalmente el momento de habilitar el Juzgado Federal de General Pico? Aunque ninguna fuente oficial ha confirmado aún el destino específico de esos fondos, la magnitud del aumento presupuestario reaviva la expectativa de concluir un proyecto que parece atrapado en un laberinto burocrático desde su creación por ley en el año 2004.
La historia del juzgado local es una sucesión de desidias. Tras su creación, hubo que esperar un lustro para el nombramiento de su primer titular, José Antonio Charlín, quien nunca llegó a ejercer en la ciudad y terminó envuelto en escándalos y procesos penales. En 2013, el Estado Nacional dio un paso que parecía definitivo: la compra del edificio en la calle 18, entre 17 y 19, donde supo funcionar una emblemática farmacia. Sin embargo, lo que debió ser una obra de adecuación se convirtió en un monumento al abandono. Durante más de diez años, el inmueble ha esperado por una refacción que, a pesar de haber tenido partidas asignadas en 2022 por unos 92 millones de pesos de aquel entonces, nunca se materializó por completo.
En el centro de este exilio administrativo se encuentra la figura de Ivana Hernández. La actual magistrada ganó el concurso en 2018, integrando una terna que buscaba normalizar una institución que nació huérfana. Pero Hernández es hoy una “jueza sin juzgado” en su propia tierra. Designada oficialmente hace siete años, la falta de un espacio físico donde impartir justicia en Pico la obligó a acogerse a la Ley Federal de Subrogancias.
Desde septiembre de 2022, la jueza pampeana desempeña sus funciones a más de 1.400 kilómetros de distancia, en la ciudad salteña de Tartagal. Allí, en un juzgado multifueros de frontera, Hernández subroga la vacante dejada por un titular fallecido, mientras el despacho que le correspondería en la calle 18 sigue acumulando polvo y promesas. Su situación es el testimonio vivo de la disfuncionalidad: una funcionaria formada y designada para atender las necesidades del norte de La Pampa que termina reforzando la justicia en el norte profundo del país porque su propio edificio no tiene condiciones mínimas de funcionamiento.
El nuevo escenario presupuestario de 2026, con más de 2 billones de pesos proyectados para el Poder Judicial, pone al Consejo de la Magistratura frente a una deuda ética y operativa. Los lineamientos de “criticidad y austeridad” mencionados por las autoridades nacionales deberán ahora ponderar si una espera de 22 años no es, acaso, la mayor urgencia del sistema en el interior del país.
Para General Pico, la habilitación del juzgado no es solo una cuestión de comodidad para los profesionales del derecho; es una necesidad de soberanía judicial para una región que depende de Santa Rosa para cada trámite federal. Con el presupuesto en mano y una jueza lista para volver de su exilio en Salta, la pelota vuelve a estar en el campo de la voluntad política. La comunidad espera que, esta vez, el anuncio no sea otro capítulo de una historia de ficción administrativa, sino el acto de inauguración de una institución que la ciudad ya se ganó por derecho propio.