dPosta – La vulnerabilidad de los sistemas bancarios frente al cibercrimen marcó un precedente judicial y económico en General Pico. El productor agropecuario Germán Pechín logró lo que pocos damnificados por estafas virtuales consiguen: la devolución íntegra de su capital. El conflicto se resolvió luego de que el Banco Galicia asumiera la responsabilidad por la custodia de los activos y admitiera formalmente una falla de seguridad interna.
El hecho se remonta a los primeros días de diciembre de 2025. Mientras se encontraba trabajando en su establecimiento rural en Metileo, Pechín, de 46 años, notó una anomalía técnica inusual: su aplicación de WhatsApp se bloqueó por completo. En ese breve lapso de “congelamiento”, delincuentes lograron vulnerar los accesos bancarios del productor y realizaron múltiples transferencias hacia cuentas de terceros, logrando sustraer un total de 21 millones de pesos de sus cuentas en los bancos Nación y Galicia.
Lo que en principio parecía una batalla legal de largo aliento contra las entidades financieras, dio un giro inesperado ante la evidencia de que el usuario no había cometido negligencias en el manejo de sus claves personales.
La estrategia legal y el reconocimiento bancario
Bajo la representación del Dr. Ezequiel Marquesoni, la gestión se centró en demostrar que el sistema fue vulnerado de forma externa, sin que mediara un error del cliente (como la entrega involuntaria de contraseñas). Ante la solidez del reclamo, el Banco Galicia dio un paso inusual en este tipo de litigios: reconoció que el sistema fue vulnerado por deficiencias propias en la seguridad de la plataforma.
Con la restitución de los fondos ya efectivizada, la situación judicial tomó un rumbo definitivo:
Restitución económica: Pechín ya cuenta con el capital recuperado en su totalidad.
Causa penal: Al desaparecer los efectos del delito tras el resarcimiento, el expediente que tramitaba en la Fiscalía General se encamina hacia el archivo.
Investigación de origen: El Fiscal Adjunto Matías Juan continúa con las pericias para intentar identificar a los destinatarios finales de las transferencias y desarticular la red delictiva detrás del ataque.
Este caso sienta una base fundamental para los usuarios de servicios financieros, reforzando la idea de que la responsabilidad de la custodia de los activos recae directamente sobre las instituciones bancarias cuando sus barreras tecnológicas son superadas por la ciberdelincuencia.