dPosta – Bajo la consigna de defender la salud pública y garantizar el derecho a la vida de miles de niños, colectivos de familias, organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del Hospital Garrahan convocaron a un banderazo nacional para el próximo 1° de febrero. La movilización surge como respuesta directa a la reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de desvincular al equipo médico especializado que lideraba el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC).
La crisis se desató el pasado 5 de enero cuando, sin previo aviso, el Ministerio de Salud dispuso el despido de la coordinadora del programa, la cardióloga pediátrica María Eugenia Olivetti, junto a otros seis médicos especialistas: Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández y Tomas Schwaller. Este equipo conformaba el núcleo estratégico del Centro Coordinador del Hospital Garrahan, responsable de gestionar las derivaciones de los aproximadamente 4.000 bebés que nacen anualmente con estas patologías en Argentina.
El programa, que cuenta con 15 años de trayectoria y fue ratificado por la Ley 27.713 en 2023, cumple una función crítica: el 50% de los niños diagnosticados requiere una cirugía inmediata. La desarticulación del equipo técnico pone en jaque la logística que permite que un paciente de cualquier punto del país sea trasladado al centro asistencial con la complejidad adecuada para su caso específico.
Desde la cartera de Salud, dirigida por Mario Lugones, negaron un desmantelamiento total y calificaron la medida como una “optimización”. Según la versión oficial, las tareas médicas de coordinación serán absorbidas por un equipo administrativo y quedarán bajo la supervisión de la dirección adjunta del Garrahan. Sin embargo, esta explicación profundizó la desconfianza entre los familiares, quienes cuestionan que personal administrativo pueda reemplazar el criterio clínico de cardiólogos pediatras en situaciones de vida o muerte.
Otro punto de fuerte controversia radica en los argumentos económicos esgrimidos por el Ministerio. De acuerdo con los familiares, las autoridades justificaron el recorte alegando un descenso en la tasa de natalidad durante 2025, lo que supuestamente reduciría la necesidad de mantener una estructura de especialistas tan amplia.
Lucía Wajsman, integrante de la organización Cardiocongénitas Argentina y madre de una paciente, calificó la situación como una “aberración”. Wajsman advirtió que, si bien la cifra de nacimientos puede variar, miles de bebés siguen dependiendo de una intervención rápida. El 90% de estos pacientes puede alcanzar una vida plena si recibe el tratamiento oportuno, pero el riesgo de fallecimiento es inminente si se producen demoras en la gestión de las cirugías por falta de una coordinación profesional.