dPosta – La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) profundizaron este miércoles el reclamo salarial al realizar asambleas en distintos organismos del Estado provincial, donde se resolvió avanzar con una jornada de lucha y movilización el próximo martes 13 frente a Casa de Gobierno. El eje del conflicto gira en torno a la exigencia de una suma compensatoria de fin de año y la reapertura de la paritaria para revisar los aumentos salariales.
Las actividades gremiales incluyeron encuentros en áreas sensibles de la administración pública, como el Ministerio de Niñez, Adolescencia y Familia y el Hospital René Favaloro, donde se evaluó la situación salarial y se mandató a las conducciones sindicales a profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas oficiales.
Días atrás, las centrales sindicales ya habían formalizado sus demandas mediante la entrega de un petitorio al gobernador Sergio Ziliotto, en el que reclamaron el pago de un bono antes del noveno día hábil de enero y la inmediata reapertura de la discusión salarial. Desde los gremios advirtieron que, de no haber una respuesta concreta, las protestas se incrementarán en intensidad y alcance.
Desde el Ejecutivo provincial, en tanto, ratificaron que el pago de un bono no forma parte de la agenda actual. Argumentaron que una suma extraordinaria de 400 mil pesos para empleados y jubilados estatales implicaría un desembolso cercano a los 13.000 millones de pesos, un monto que equivale a casi tres cuotas mensuales de los fondos que la Nación transfiere a la Provincia por el déficit previsional.
En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que la estrategia del Gobierno apunta a priorizar aumentos remunerativos y no sumas fijas, con el objetivo de que las mejoras salariales impacten también en el sistema jubilatorio y en la obra social estatal. Recordaron además que, en la última paritaria de diciembre, se acordó garantizar para 2025 incrementos salariales que superen al menos en un 11% la inflación anual, junto con un aumento del 10% en las asignaciones familiares desde enero.
En medio del conflicto, el gobernador Ziliotto respaldó la política salarial de su gestión y sostuvo que los ingresos de los trabajadores públicos fueron una prioridad, aun en un contexto de caída de los recursos provinciales. Desde el Ejecutivo remarcaron que, pese a la baja en la recaudación, los salarios crecieron por encima de la inflación, como parte de una estrategia para sostener el poder adquisitivo.
Mientras tanto, el escenario permanece abierto y con tensión creciente, a la espera de definiciones oficiales que puedan desactivar la convocatoria a la movilización anunciada por los gremios estatales.