dPosta – La enfermera del Hospital Gobernador Centeno, Carina Rekofsky, quien había sido detenida en días previos por la falsificación de al menos 30 certificados médicos para justificar inasistencias remuneradas, fue formalmente imputada este viernes a la mañana en los Tribunales de Pico. Tras la audiencia de formalización, el Ministerio Público Fiscal confirmó la gravedad de los cargos y anticipó una postura de inflexibilidad, apuntando directamente a obtener una condena.
El fiscal adjunto Matías Juan fue el encargado de formalizar la investigación ante la jueza María Jimena Cardoso, imputando a Rekofsky los delitos de “falsificación de instrumento privado, uso de instrumento privado falso y fraude a la administración pública”.
La mujer, que se negó a declarar en la indagatoria previa, contó con la asistencia del abogado Facundo Rossi.
Según explicó el funcionario judicial al término de la audiencia, la pena prevista para este tipo de hechos oscila entre los dos y los seis años de prisión. A esto se suma una pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. El fiscal confirmó que, en caso de una sentencia condenatoria, la enfermera, que cuenta con cuatro años de antigüedad en el hospital, perdería automáticamente su puesto y quedaría inhabilitada de por vida para futuros cargos en el ámbito estatal.
Detalles de la Maniobra Fraudulenta
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por un médico cirujano del mismo nosocomio, cuya firma, letra y sello fueron supuestamente imitados. El doctor, al ser consultado por la Fiscalía, negó categóricamente haber confeccionado los documentos.
“El doctor nos da cuenta de que él la desconoce en absoluto como paciente, niega haber confeccionado esos certificados, dice que son falsos tanto la firma, la letra, el contenido como su sello inclusive”, precisó el fiscal Juan.
El fraude tenía como finalidad exclusiva “justificar varios días de licencia de ausencia en su trabajo en el servicio de enfermería” del Hospital Centeno, explicó el fiscal. Al aceptar estos documentos falsos, la administración pública “creyendo en la autenticidad de esos certificados, termina abonando algo o días de ausencia que no debía abonar”, concretando el delito de fraude al erario público provincial.
Según se pudo conocer dPosta, los certificados falsificados aludían a una grave enfermedad que a los investigadores no les consta que la mujer padezca, aunque sí tiene otros dolencias físicas y psiquiátricas.
La denuncia del médico fue formalizada el 29 de octubre, tras una advertencia previa en el ámbito administrativo del hospital. En las próximas semanas, la investigación buscará determinar el número concreto y el monto del daño causado al Estado.
Condena sin beneficio
Si bien la imputada Rekofsky fue formalizada y se le otorgó la inmediata libertad (dado que la jueza María Jimena Cardoso consideró que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación), la Fiscalía ya anticipó su postura respecto a una posible salida alternativa al juicio.
“Es parte de la política criminal de esta Fiscalía General que hechos de esta naturaleza, en que se falsifican certificados de un médico e involucra la salud pública provincial, no reciban salidas alternativas”, enfatizó Matías Juan.
Esta postura implica que, en principio, el Ministerio Público Fiscal no daría el consentimiento para una suspensión de juicio a prueba (probation), buscando una condena efectiva, ya sea mediante un acuerdo de juicio abreviado o a través de un juicio oral. Esta decisión se basa en la gravedad institucional del fraude y en antecedentes recientes de la Fiscalía en casos similares.
En esa línea, el abogado defensor se encargó de aclarar en la audiencia que la mujer no confeccionó esos certificados mientras cumplía funciones en el Hospital, acción que le impediría a futuro llegar a un acuerdo de pena con la Fiscalía.
Como medida de coerción sustitutiva, la acusada deberá presentarse cada quince días en la Comisaría Tercera por un término de 60 días. Además, se enviará copia de las actuaciones al Ministerio de Salud y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) para que se inicien los sumarios y procedimientos disciplinarios pertinentes.