dPosta – El Poder Judicial de La Pampa resolvió este martes conceder la prisión domiciliaria a Yanina Coronel, la mujer que cumple una condena de 10 años por intentar envenenar a su expareja, el policía Gabriel Páez Albornoz. La decisión, que revierte rechazos anteriores, se fundamentó en el interés superior del niño, el hijo que tienen en común.
La audiencia se celebró en el Centro Judicial de Santa Rosa, bajo la supervisión de la jueza Mónica Rivero. La fiscal Marisol Rodríguez y la querella se opusieron al beneficio, mientras que la defensa, a cargo de los abogados José Mario Aguerrido y Alejandro Osio, logró finalmente la habilitación en su tercer intento.
El interés del niño
Según se explicó, la clave fue la vulneración de los derechos del menor. El niño se encontraba sin el cuidado directo de su madre (detenida) y sin la presencia de su padre, sobre quien pesa una orden de restricción.
En torno a ello, se presentaron informes escolares que evidenciaban un cambio de conducta del niño tras la separación del vínculo materno. Lo propio sucedió con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes emitió un escrito concluyendo que la permanencia del niño sin su madre implicaba la vulneración de sus derechos.
Adicionalmente, Coronel contaba con un informe favorable de conducta de la Unidad 13 donde se encontraba detenida.
Cabe recordar que un pedido anterior de prisión domiciliaria, realizado en febrero de este año, había sido denegado por la jueza Rivero, quien argumentó en ese momento que la abuela materna estaba a cargo y no se había acreditado la situación de “desamparo” material.
Sentencia
Yanina Coronel fue condenada por homicidio doblemente agravado por el vínculo y el medio empleado, en grado de tentativa, tras intentar asesinar a Páez Albornoz el 5 de septiembre de 2021, al suministrarle el veneno Metomil (Methomex 90) mezclado en un licuado de banana. La víctima permaneció internada en estado crítico y con riesgo de vida en el Hospital Lucio Molas.
Si bien el Tribunal de Impugnación Penal había hecho lugar a un recurso de la defensa y redujo la pena a la mitad (5 años), considerando un posible contexto de violencia de género, el Ministerio Público Fiscal apeló y, en septiembre del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la reducción, ratificando la condena original de 10 años de prisión.